«La Iglesia tiene la misión de amparar y proteger a las víctimas de la historia»


Corren tiempos difíciles para la Iglesia católica en Nicaragua. La persecución religiosa del régimen de Daniel Ortega no cesa y la última víctima de esta represión ha sido la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa se suma a la lista de otras congregaciones que también han sufrido los ataques del gobierno. En pocas semanas, Ortega ha confiscado la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ha disuelto la Compañía de Jesús. Hablamos con el portavoz de los jesuitas en esta crisis, el P. José M. Tojeira, s.j.

¿Cuál ha sido el detonante para esta agresión?

La Universidad Centroamericana (UCA) quedó convertida en objetivo del gobierno cuando en 2018 abrió sus puertas para que se refugiaran en el campus personas que huían de una manifestación pacífica disuelta a tiros por militares y policías nicaragüenses. La participación del rector hace varios años al lado de los estudiantes en un diálogo con personal del gobierno también molestó al régimen. Pero, en general, el detonante fue el pensamiento libre y con orientación social característico de la universidad.

¿En qué situación queda la Compañía de Jesús y sus obras?

La Compañía de Jesús continúa trabajando a través de los dos colegios y la red Fe y Alegría que tiene en Nicaragua. Los jesuitas que permanecen en Nicaragua son gente madura, con una fe honda y con una gran capacidad de resistencia. Acciones externas probables son la presentación de reclamo por violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y otras acciones vinculadas a las obligaciones con los derechos humanos.

¿Cuál es el objetivo del régimen de Ortega contra este nuevo ataque a la Iglesia?

Ortega quiere eliminar toda posibilidad de pensamiento autónomo y crítico. La Iglesia contrasta la realidad social con los valores del Evangelio, tiene con frecuencia una voz profética y tiene la misión de amparar y proteger a las víctimas de la historia. Ortega quiere eliminar la libertad profética y caritativa de la Iglesia.

¿Qué representa la UCA para Nicaragua?

Es una universidad muy centrada en la investigación, en el debate libre sobre la realidad y en la promoción de una cultura democrática y solidaria inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia. Tiene 60 años de existencia y se ha labrado la imagen de una universidad cercana al pueblo y sus problemas. Suprimirla significa eliminar un legado cultural y solidario importante para el país en su conjunto.

¿Qué ocurrirá con los estudiantes?

Hay miedo de parte de muchos estudiantes que quisieran obtener sus títulos en otra universidad distinta a la que ahora lleva el nombre de Casimiro Sotelo. Aunque no ha empezado a funcionar todavía, los nuevos nombres de la universidad o de algunas de sus instituciones implican que la actividad universitaria va a cambiarse por la de un centro de adoctrinamiento, con todas las posibilidades que ello supone de clasificar personas, marginar profesores o estudiantes que no comulguen con la doctrina oficial, etc. Muchos estudiantes han solicitado ayuda para continuar sus estudios en el exterior o, al menos, de un modo virtual con universidades de fuera de Nicaragua. La Compañía de Jesús está trabajando ya en la organización de diversos modos de apoyo a estos jóvenes.

Inevitablemente, esta situación lleva a pensar en El Salvador de 1989. Siendo momentos históricos y sociales diferentes, ¿hay puntos en común?

Ambos acontecimientos son fruto de estructuras de poder irracionales y crueles. La diferencia está en que, aunque en El Salvador hubo una brutalidad siniestra y asesina, hubo más facilidad para el diálogo y para emprender caminos de justicia y reconciliación. En Nicaragua el poder es absolutamente opuesto al diálogo.

Mons. Rolando Álvarez lleva un año encarcelado, ¿qué supone su figura para la Iglesia nicaragüense?

Mons. Rolando Álvarez es el símbolo más fuerte de la resistencia cristiana frente al abuso y el desprecio de la dignidad humana. Como los antiguos mártires, está entregando su vida gota a gota en una prisión injusta. La solidaridad con él es una obligación y un deber para todas las Iglesias. Honrarle es también un camino de hacer frente a la dictadura nicaragüense. En ese sentido, algunos hemos sugerido la posibilidad de honrarle haciéndolo cardenal de la Iglesia.

¿Qué papel debe o puede jugar la Iglesia en el país?

La Iglesia busca siempre la solución pacífica de conflictos y la defensa de la vida, la libertad y la dignidad humanas. Mientras la dictadura se niegue a todo tipo de diálogo y mantenga la represión, a la Iglesia le corresponde ayudar a la población en sus problemas y mantener la conciencia de la importancia de una salida pacífica de la actual situación injusta y opresora, en la que el estado de derecho y las libertades básicas no funcionan.

¿Cuál es el mensaje de los jesuitas?

Los jesuitas somos parte de la Iglesia y buscamos con ella la defensa de los Derechos Humanos y la paz con justicia. Seguiremos trabajando con esa orientación pase lo que pase. A algunos jesuitas de entre 85 y 99 años que están en Nicaragua, y que todavía realizan actividades y apostolado, les hemos ofrecido salir del país dada su edad. Ninguno quiere salir de Nicaragua. El compromiso con Nicaragua es parte de todos nosotros, como con todos los países de Centroamérica.

El papa Francisco sigue muy de cerca todo lo que afecta a América Latina, y especialmente en Nicaragua por el ataque a los jesuitas, ¿de qué manera sienten su apoyo?

Sabemos de su preocupación y sabemos de su apoyo como Pastor universal y como hermano jesuita. Aunque no se exprese públicamente nos sentimos fortalecidos por su solidaridad.

¿Por dónde pasa la solución para los problemas de Nicaragua?

Se debe retornar al Estado de derecho, el actual gobierno debe retirarse del poder, y es necesario dar apertura a nuevas formas de gobierno más democráticas, con mayor interés en el desarrollo humano y en la participación social. Todo ello debemos lograrlo desde la conciencia de la gente y desde formas pacíficas que obliguen al actual Gobierno a abrir el paso a formas democráticas de gobierno.